La globalización de los servicios profesionales, también alcanza a los abogados de la región, principalmente a los salvadoreños, quienes estamos alcanzando casi los veintinueve mil autorizados, y como consecuencia al entorno económico global, son efectos de las necesidades de los consumidores de los servicios, en su gran mayoría las empresas nacionales y extranjeras prefieren a los consorcios o corporaciones, para satisfacer a sus mercados y a los factores internos y externos de un país, con más influencia a la hora de analizar el mercado económico, es algo que siempre ha de tomarse en cuenta a la hora de cualquier análisis económico de una sociedad.
Por ejemplo la renta per cápita, el tiempo de trámites administrativos o judiciales al momento de seguir la representación outsourcing de algún conglomerado empresarial, son elementos que el abogado corporativo utiliza para establecer el canon de los servicios, a veces por porcentajes y muchas ocasiones por un precio fijo, independientemente del concurso de casos que atienda.
Ahora, bien que es del abogado que atiende de forma preferencial al usuario del sistema judicial, sea en materia civil, mercantil, social o penal, y las reclamaciones que derivan del tiempo de espera de la carga de trabajo y agenda de los Tribunales y Juzgados de la República. La respuesta es conocida y ha sido en la práctica común el cobro anticipado, por audiencias, porcentajes por admisión de las demandas o reclamaciones de cualquier tipo, incluso por resultado, han sido el día a día del profesional liberal.
Pues bien, el aumento profesionales cada vez mayor y en forma extraordinaria, ha supuesto, en muchos mayor preparación y aquiescencia de conocimientos, llámese especialización de temas relacionados a alguna materia, pero por otro lado la pérdida del cliente por el desconocimiento de normas deontológicas –éticas- y profesionales de algunos colegas, han llevado a proponer al cliente, que habremos unos abogados mejores o más preparados que otros, pero ese es un juicio que se llevara cada cliente, y no corresponde a los prestatarios de servicios profesionales, calificar tal categoría.
Precisamente, el objetivo del presente artículo es identificar las condiciones, circunstancias y consecuencias en las que el abogado es responsable en el ejercicio de la profesión, principalmente en cuanto a cobro de honorarios se refiere.
Hoy en día es común hablar de la ética, en relación a la práctica de la abogacía con su cliente, pues existe una imagen del abogado con los fenómenos de la corrupción, la dilación indebida del proceso, y otras actuaciones contrarias a los deberes profesionales, no obstante ello, los alcances del nivel de diligencia es la principal preocupación del cliente, es decir, que no importa el resultado, sino, la seguridad jurídica del cliente al momento de contratar los servicios profesionales de un abogado.
Por lo que se vuelve necesario, realizar estudios preliminares, en mi caso, muy probablemente el análisis y estudio del caso supone el diez por ciento de la totalidad de los honorarios, muchas veces el tres y otras el precio total para indicar al cliente que no hay salida legal, puesto que podría inclinarse a favor de la contraparte algún fallo judicial y es más honesto que continúe con los servicios gratuitos de la Procuraduría General de la República, pero al menos alcance a cobrar el análisis de caso, y no lo inoportuno de un fallo contrario a mi imagen profesional y a la esperanza del cliente de obrar a su favor el derecho.
Muchas veces olvidamos, el deber del patrocinio, que implica en el caso comercial obtener ganancias, ya que cuando una persona acude a su abogado es con la esperanza que este ponga todo de su parte en el caso, para cual lo contrata, y por el contrario puede ocurrir que el abogado que se contrata no ponga la debida diligencia en el caso, lo cual da lugar a que el cliente se vea perjudicado, cuando eso ocurre, el abogado no puede excusarse y puede acarrear alguna sanción por la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.
Una de las recomendaciones principales para evitar que ello ocurra es el pago del análisis del caso, o a su vez el pago de honorarios anticipados y evitar que por la falta de motivación el abogado no acuda diligentemente a ejercer su representación judicial, y así evitamos dar excusas al cliente cada vez que se recibe una llamada de su parte y no se tenga respuesta creíble.
Ahora bien, ¿cuanto cobramos?, recordemos que si al abogado se le encomiendan problemas donde puede verse comprometida la vida, la libertad, el patrimonio, la integridad moral y física de las personas (así por ejemplo, cuando el abogado defiende la inocencia del acusado, protege el peculio del patrimonio familiar, etc.). Por tanto la responsabilidad del abogado es muy grande y tiene por lo tanto que cuidar del caso como si los intereses en juego fueran los suyos propios.
Y es por ello que al cliente debe concientizársele que el abogado, requiere de ciertas herramientas como es la presentación y los recursos para movilizarse, que van acompañados del contenido del deber de diligencia, y así podemos hacer una comparación con la relación contractual, la cual surge a partir del acuerdo de voluntades, las cuales no están obligadas a llegar a un acuerdo (como tampoco no está obligado el abogado a aceptar un encargo).
Pero la relación abogado- cliente existe antes de que se dé dicha aceptación, y por ello hay aquí también deberes, aunque son menores en comparación a la relación que se da luego de la aceptación del encargo. Uno de los deberes que se puede dar en esta etapa antes de la aceptación, es por ejemplo guardar secreto sobre la información que el cliente le proporciona al abogado para que éste decida si llevar el encargo o no, lo cual se conoce como secreto profesional.
Debemos dejar bien en claro que la representación en un proceso judicial no es la única prestación que puede realizar un abogado, dado que pueden haber prestaciones como seguir un determinado trámite ante la Administración Pública o una consulta sobre un determinado caso; por lo que en cualquiera de estas situaciones vemos sentada una relación de abogado- cliente (que como hemos dicho se entabla a partir del contacto entre abogado y cliente) y por consiguiente deberes y derechos que recaen sobre ambas partes, entre los que está el deber de diligencia del abogado en el patrocinio.
Debemos decir que dicho deber lo vemos más en los casos de representación del cliente en un proceso judicial, pero ello no obsta a que dicho deber esté en otro tipo de prestaciones como las que hacíamos referencia.
Desde luego hay decisiones judiciales que no están al alcance del abogado por los criterios y efectos de los procesos, las pruebas y la sana crítica del Juez. Pero el elemento principal es reflejarse en su cliente, si nosotros como abogados, estaríamos dispuestos a perder con una representación judicial de bajo costo, y aspectos como el tiempo o duración del trámite, la complejidad del caso, la distancia de las sedes judiciales o las oficinas públicas que visitaremos a ejercer la procuración.
Puede ocurrir ocasiones en que el cliente no haya pagado honorarios al abogado, por ejemplo cuando el pago se estableció por cuotas y fechas de pago y el cliente no haya cumplido con dicho pago en el momento pactado o que haya cumplido de manera incompleta; es momento de retirarse por incumplimiento, y a pesar que ello no es excusa para que el abogado deje en indefensión total al cliente, este ultimo al omitir una determinada actuación, puede contratar a otro profesional o decida pagarle, dado que la falta de pago no exime al abogado de faltar a su deber de diligencia.
Por ello la importancia del estudio preliminar, porque en ocasiones lo que molesta al cliente, es la modificación de la cuantía de los honorarios pactados y el tiempo de respuesta, pero como ya lo dije el cliente lo que espera es tener una solución satisfactoria.
Estos son algunos de los factores determinantes a la hora de analizar la cuantía de los honorarios profesionales, en los que podremos denotar muchos índices, que nos servirán para situarnos en un acertado apersonamiento realista y pago de honorarios satisfactorios.
